El oficialismo en la Cámara de Diputados reflotará un proyecto de ley presentado en 2009 para regular la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Se quiere establecer que el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores puedan rechazar los candidatos y obligar al Consejo de la Magistratura a que el proceso de selección se reinicie automáticamente.El oficialismo opera en la Cámara de Diputados para que el proyecto de ley “por el que se establece el procedimiento de designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado”, presentado en septiembre de 2009 por el diputado liberal Víctor Ríos, sea aprobado por la Cámara en la sesión del próximo jueves. El proyecto de ley, de ser aprobado, solo servirá a futuro.
La semana pasada, el mismo Ríos planteó al plenario de diputados incluir el tema en el orden del día de la sesión del jueves, pero el pleno rechazó la solicitud. Ahora que liberales y oviedistas tienen mayoría quieren intentar tratar sobre tablas en la sesión del próximo jueves.
Sin embargo, eso podría ser imposible, ya que reglamentariamente todo tratamiento sobre tablas debe ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados presentes. Para que la mayoría líbero-oviedista pueda tener esa mayoría deberían estar ausentes al menos veinte diputados colorados; algo difícil atendiendo a los cruces políticos de la ultima semana.
El texto propuesto por Ríos básicamente admite que el Presidente de la República puede rechazar el candidato a la Corte Suprema de Justicia elegido por el Senado y que la Cámara de Senadores puede también rechazar el candidato al fiscal general del Estado elegido por el presidente de la República. El plazo para que los poderes se pronuncien varía entre 15 y 30 días. En ambos casos se obliga al Consejo de la Magistratura a reiniciar todo el proceso de selección.
Ríos asegura que con este procedimiento se salvarán las lagunas legales que actualmente tiene el proceso de selección. Además, dará la oportunidad a que los poderes del Estado tengan la posibilidad de rechazar.
En la actual legislación que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y establece el procedimiento de selección de candidatos no se prevé el rechazo de los candidatos.
En el proyecto se establece también que el Consejo de la Magistratura convocará a concurso público de mérito y procederá a la integración de la terna de candidatos con los postulantes que han acumulado por lo menos el 60% del puntaje establecido para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia o para la Fiscalía General del Estado. Si ninguno de los candidatos alcanza el puntaje señalado, el concurso será declarado desierto y se procederá a una nueva convocatoria.
También se dispone que el Consejo de la Magistratura notificará a todos los postulantes de la resolución por la que designa la terna de candidatos a ser propuestos a la Cámara de Senadores o al Poder Ejecutivo, según corresponda, “a los efectos de plantear el recurso previsto en la Ley Nº 296/94 y publicará en un diario de circulación nacional la terna de candidatos con los puntajes obtenidos en el concurso”. Mediante esto, aquellos postulantes que se sientan afectados por la designación eventualmente podrían recurrir la decisión.
Fuente:ABC Color (14 de Diciembre de 2010)
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