El mecanismo de designación de los ministros de la Corte Suprema y de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que estableció la Constitución de 1992 nunca funcionó como esperaban los integrantes de la Convención Constituyente. En los hechos, el sistema de designación establecido, que exigía al Consejo de la Magistratura y al Senado elegir a candidatos basados en “la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes” y la “notoria honorabilidad”, fracasó desde el primer momento.
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